Resumen: Es adecuado el procedimiento de tutela en cuanto que se pide que se declare que la conducta de la empresa y de un sindicato, en el contexto de los resultados alcanzados de la negociación realizada en el seno de la comisión de seguimiento, supone una vulneración del derecho fundamental a la libertad sindical en su vertiente de negociación colectiva, y, se solicita la nulidad del acuerdo alcanzado; no se discute la validez del acuerdo previo de habilitación de funciones a esa comisión de seguimiento, sino de la negociación llevada a cabo en el seno de dicha comisión y de sus resultados. Distinción entre comisiones negociadoras y aplicativas: las primeras son las que se constituyen para la modificación o creación de reglas nuevas, y las segundas son las que tienen por objeto la aplicación o interpretación de alguna de las cláusulas del convenio colectivo, o la adaptación de alguna de ellas a las peculiares circunstancias de un caso concreto. Se vulnera el derecho a la libertad del sindicato, integrante del Comité Intercentros, que no participa en las reuniones de la comisión de seguimiento en las que se modificaron las condiciones del acuerdo litigioso. Fijación de una indemnización simbólica a la que se aquieta la parte contraria y que la Sala no puede modificar de oficio.
Resumen: Reitera el trabajador-sancionado la pretendida nulidad (o subsidiaria improcedencia) de su despido al habérsele comunicado durante su situación de IT, omitiéndose el trámite de audiencia previa y respecto a supuestos incumplimientos disciplinarios que considera prescritos. Advierte la Sala (desde la condicionante dimensión que ofrece el inalterado relato judicial de los hechos) que la sentencia recurrida no permite considerar aquella pretensión de nulidad al no aportarse la baja laboral, el mensaje de la TGSS como tampoco informe alguno que acredite que se hallase enfermo. Respecto al trámite de audiencia se examina el contenido de la norma estatutaria y lo previsto en el Convenio Colectivo (en su remisión al VI Acuerdo Laboral para el sector de la Hostelería), invocando el pronunciamiento que cita del Alto Tribunal cuando (en función de lo impuesto en el art. 7 del Convenio 158 de la OIT) advierte sobre la necesidad de que la empresa ofrezca al trabajador la posibilidad de defenderse de los cargos formulados contra él, antes de adoptar la extinción del contrato de trabajo por despido, pero siempre que éstos se posteriores a la publicación de dicha sentencia que no es el caso; en el que consta la existencia de carta como también el intento de su notificación (resultando imputable a su destinatario la falta de diligencia al momento de recibirla). Se acredita que anulaba comandas ya cobradas en cuentas de elevado importe que no ingresaba en caja; apropiandose de la diferencia.
Resumen: El 2-08-22 ALCAMPO compró negocios del GRUPO DIA y EL ÁRBOL y desde entonces, se subrogaron trabajadores de EL ÁRBOL, regidos por el Convenio de comercio de alimentación de Madrid, mientras ALCAMPO aplica el de grandes almacenes. El 7-12-23 UGT solicitó mediación ante una huelga, que culminó el 14-12-23 con un acuerdo ante el IRMA-FSP de subida salarial para 2023-2025. Dicho acuerdo fue asumido por la mesa negociadora del convenio de comercio de alimentación, que el 30-01-24 fijó nuevas tablas salariales, que la DGT registró y publicó -24.02.24 BOCM-. ALCAMPO no aplica los incrementos a los trabajadores subrogados del GRUPO EL ÁRBOL. Falta de legitimación de la actora. Carece de ella porque, aunque es presidenta del comité de empresa, no acreditó el acuerdo mayoritario de sus miembros que la habilitara para ejercer acciones judiciales en nombre de la RLT -art 65.1 ET-. Aplicación de Acuerdo ante el IRMA-FSP. Se aplica, su redacción es clara y expresa una voluntad inequívoca de aplicar la subida salarial del 5% en 2023, 4% en 2024 y 3% en 2025, alcanzando el pacto a los subrogados del GRUPO EL ÁRBOL, a quienes seguía aplicándose el convenio de alimentación conforme al art. 44.4 ET y no son obstáculo las siguientes circunstancias: la ultraactividad del convenio; el cambio al convenio de grandes almacenes no se ha pactado; la mesa negociadora del convenio no actuó por fascículos sino en cumplimiento del acuerdo, y; las sentencias examinan supuestos distintos.
Resumen: La Sala IV confirma la estimación parcial de la demanda de conflicto colectivo en materia de prevención de riesgos relacionada con el cierre de maleteros en las aeronaves Airbus 350, por los TCP con condena a las obligaciones que se establecen. Sostiene que la evaluación solamente es un paso inicial de la actividad preventiva y no su culminación, de forma que lo que se debate no es si la empresa ha incumplido normativa de prevención de riesgos laborales, sino si está obligada a establecer las medidas objeto del pronunciamiento estimatorio de la pretensión. La evaluación de riesgos de la empresa detecta un riesgo ergonómico moderado debido al diseño de esos maleteros. Las medidas impuestas por la AN son más precisas que las que aparecen en las normas internas de la empresa y por lo demás esta no manifiesta desacuerdo con la existencia y extensión de las obligaciones que se le imponen. Así, se obliga a la demandada a establecer medidas de control de peso de equipaje de mano que los pasajeros lleven a la cabina; Establecer medidas organizativas de cumplimiento obligatorio para los trabajadores con función de Sobrecargo a la hora de distribuir el trabajo en la aeronave que garanticen que el cierre de los maleteros con mayor riesgo ergonómico evaluado se realice por dos trabajadores o subsidiariamente con ayuda y volver a evaluar el riesgo ergonómico que puede implicar el nuevo equipo de trabajo (uniformes de TCP) adoptando las medidas oportunas tras realizar dicha evaluación.
Resumen: La Sala estima el recurso, revoca la sentencia de instancia, y declara la nulidad de la medida de movilidad geográfica del actor, condenando a la empresa demandada a ser repuesto en sus anteriores condiciones de trabajo en las mismas condiciones que regían antes de producirse aquel, con los efectos legales inherentes a tal declaración, más la indemnización adicional por daños morales por importe de 7.501 euros, porque la empresa no ha neutralizado la sospecha de discriminación alegada; por lo que la decisión de la empresa de cambiar de puesto de trabajo a otra localidad (movilidad geográfica) no es ajena al móvil discriminatorio consistente en la discapacidad del trabajador.
Resumen: Recurren las empresas solidariamente condenadas por despido improcedente (al conformar todas ellas un grupo patológico y ante la insuficiencia informativa de su comunicación), rechazando la aplicación al caso de la doctrina jurisprudencial referida al concurso de aquela figura que la Sala analiza atendiendo a las notas que, sustancialmente la definen, cuales son el funcionamiento unitario, la confusión patrimonial, la unidad de caja, la utilización fraudulenta de la misma y el uso abusivo de aquella unitaria dirección. Partiendo de que la probada circunstancia de que el trabajador prestó sus servicios para ambas de forma indistinta pone ya de manifiesto la existencia de un grupo patológico entre las misma, ello no se ve desvirtuado por el hecho de que, y respecto a otro trabajador, se hubiera dictado sentencia en la que se rechazó su concurso; al carecer lo así resuelto del efecto positivo de cosa juzgada que se le pretende atribuir desde una inobservada identidad subjetiva.
Resumen: La actualización de la compensación económica establecida en un Acuerdo de suspensión y extinción de contratos de trabajo por remisión al IV Convenio Marco del grupo empresarial, que establece un incremento tipo fijo por cada año de vigencia del mismo sin incluir la aplicación de otras actualizaciones posibles, debe mantenerse también durante la vigencia del V Convenio Marco conforme a una interpretación literal, al ser redacción del precepto convencional que regula los posibles incrementos de ambos Convenios idéntica. Se aplican igualmente criterios de interpretación sistemática e histórica.
Resumen: La sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional recurrida en casación desestima la demanda de UGT Servicios Públicos contra Unión de Mutuas. El sindicato demandante pretendía mantener las condiciones del seguro de vida que los trabajadores de Unión de Mutuas disfrutaban desde el año 2000, las cuales eran superiores a las establecidas en el convenio colectivo, argumentando que la cobertura superior del seguro de vida constituye una condición más beneficiosa (CMB) adquirida por los trabajadores desde el año 2000. Al tratarse de sector público, deben respetarse los límites de Derecho necesario derivados de la legislación presupuestaria. Para la Sala IV la clave es que no consta que UNIÓN DE MUTUAS contara con autorización administrativa para incluir en su masa salarial un coste por seguro de vida superior al establecido en el convenio colectivo del sector y la parte que afirma que dicho informe favorable existía no ha acreditado tal existencia. La sentencia de instancia apoya la exigencia de dicho informe favorable en el artículo 33 y concordantes de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, y el recurso no aborda tal cuestión, obviando combatir la fundamentación de la sentencia de instancia para centrarse en otra distinta que no constituye el motivo de desestimación de la demanda, lo que determina la ineludible desestimación del mismo.
Resumen: La Audiencia Nacional estima la demanda interpuesta por UGT contra ENTERPRISE SOLUTIONS PROCESOS DE NEGOCIO ESPAÑA SLU y declara la nulidad de una cláusula introducida en los contratos de trabajo que celebra la empresa demandada que impone a los trabajadores un régimen de compensación y absorción salarial diferente del pactado en Convenio colectivo y que resulta más perjudicial para la plantilla. Se impone multa por temeridad a la empresa demandada pues su posición no resulta jurídicamente defendible.
Resumen: La sala de suplicación, se pronuncia sobre el artículo 16 del Convenio Colectivo de e la empresa Ferrocarril de Sóller, S.A . Considera que la norma convencional sobre la que se debate, establece dos sistemas distintos para el cálculo de los complementos retributivos en función de la antigüedad de cada persona empleada, favoreciendo de manera permanente y hacia el futuro a las que que prestaban servicios con anterioridad a 2002 y que tal diferencia no está justificada, es desproporcionada y por lo tanto constituye una discriminación retributiva. Recuerda la Sala de suplicación, que la negociación colectiva no puede amparar el derecho a doble escala salarial, en cuanto la misma vulnera el Derecho Fundamental a la igualdad consagrado en el artículo 14 CE y que el artículo 85 ET establece el principio de legalidad de los convenios colectivos.
